Si un sistema autónomo causa un daño, hoy es difícil saber quién responde: el programador, la empresa que lo aloja o el usuario que lo activó. Para un comerciante o una familia que sufre un fraude o una caída de servicios, esa zona gris se traduce en reclamos que nadie gana. Quedar sin respuesta cuando el daño es real es una decisión legal todavía pendiente.