Hoy los plazos de prescripción pueden cerrar la posibilidad de denuncia antes de que una víctima que fue menor esté en condiciones de hablar. Si el proyecto avanza, el tiempo deja de jugar a favor del agresor en estos delitos. Pero el cambio también abre una discusión jurídica sobre la aplicación retroactiva y la seguridad jurídica que tendrá que resolver el Congreso. Lo que está en juego es cuánto tiempo puede pasar sin que una víctima tenga justicia.