Un procesamiento por lavado de activos implica que la Justicia considera que hay pruebas suficientes para avanzar a juicio oral, algo que pesa sobre la carrera política de Espert y sobre cualquier actividad que dependa de su reputación. El embargo por $1.000 millones convierte la causa en un problema patrimonial inmediato para los tres imputados. La investigación ahora deberá demostrar el origen de esos fondos y el vínculo con la organización criminal que encabeza Machado, un expediente que puede extenderse durante años.