Si no hay contratos ni documentos sobre una publicación de diez tomos, queda abierta la pregunta sobre cómo se pagó y quién la encargó con fondos públicos. La contradicción entre lo que se había señalado y lo que ahora se admite obliga a revisar los registros de la dependencia. El episodio muestra lo difícil que resulta rastrear el gasto cuando la documentación no aparece donde debería.