Las cuentas de este tipo suelen operar en el anonimato dentro de comunidades escolares, donde el daño llega a chicos que todavía están formando su identidad y a docentes que quedan expuestos sin herramientas para responder. Cuando la alerta sale desde la Policía y la Guardia Civil, deja claro que el problema ya no se queda en el aula: involucra denuncias penales y datos personales de menores. La pregunta que queda flotando es cuántas de estas cuentas siguen activas sin que nadie las haya reportado.