La denuncia involucra a un presidente en ejercicio y al uso de contratos estatales como moneda de intercambio. Si la Fiscalía avanza, el caso obligaría a determinar qué adjudicaciones se hicieron y bajo qué criterios, algo que afecta a cualquier ciudadano que espera que la obra pública se decida por mérito y no por favores. Las revelaciones todavía no tienen una comprobación judicial, y eso también está en juego: la credibilidad de las instituciones depende de cómo se conduzca esta etapa.