Cuando un referente político menciona responsabilidades penales por el manejo de fondos universitarios, el tema deja de ser solo presupuestario y pasa al terreno de los funcionarios y rectores que deben justificar cada gasto. Quien administra esos recursos tendrá que documentar con precisión cómo los ejecuta, y las auditorías y denuncias pueden ganar peso en los próximos meses. La discusión sobre el financiamiento se vuelve así también una discusión sobre control y responsabilidad individual.