La acusación compromete a un funcionario en ejercicio de la Presidencia colombiana y pone en juego la credibilidad de una denuncia que, hasta ahora, se apoya en la palabra de un exmandatario. Si la lista existe, implica la selección de personas por su postura política; si no, la acusación misma se convierte en el hecho político. Lo que se decida en los próximos días definirá cómo se investiga y quién carga con la prueba.