La cancelación simultánea de agendas en el Gobierno y en la oposición indica que el accidente se trata como una emergencia de Estado y no como un asunto de bando. Eso deja en claro que las primeras decisiones sobre la investigación y la asistencia a las víctimas estarán en manos de un equipo de crisis. La forma en que se conduzca la respuesta condicionará la percepción pública sobre el sistema ferroviario en los próximos días.