Incluir las pensiones en la Constitución las saca de la negociación presupuestaria anual y les da un piso jurídico más difícil de modificar. Para los jubilados, eso significa que su ingreso dependería menos de la coyuntura política de cada ejercicio. Para el resto del sistema, la medida implica comprometer recursos futuros con reglas que serán complejas de revisar cuando cambien las proyecciones demográficas y fiscales.