La región autónoma del norte iraquí administra campos petroleros y salarios públicos que dependen de acuerdos frágiles con el gobierno federal. Una administración paralela pondría en duda quién cobra, quién recauda y quién decide sobre los recursos de millones de personas. Cada ruptura de este tipo deja a los empleados públicos y a los proveedores en el medio de dos autoridades que reclaman lo mismo, y la negociación pasa a girar menos en torno a la política y más en torno a quién controla la plata.