Cada buque que pierde su bandera queda sin amparo legal bajo el pabellón más usado del mundo, lo que complica su operación, sus seguros y sus puertos de escala. Para Panamá, que vive de su registro marítimo, la medida pone a prueba su capacidad de sostener la reputación del sistema frente a las sanciones internacionales. Si la presión de Washington se traslada a los intermediarios de la plaza, el costo de operar desde Panamá sube para todos, no solo para los sancionados.