El casamiento ocurre mientras la Justicia avanza con una denuncia por una evasión que el expediente estima en US$ 1.500 millones, y tras el revés que sufrió el empresario en la Corte. La decisión de rechazar la inconstitucionalidad del impuesto mínimo deja vigente un gravamen que busca recaudar más sobre un producto de alto consumo y alto costo sanitario. Cada peso que no ingresa por evasión es un peso menos para el sistema de salud y para las obras públicas que lo financian. El caso muestra cómo la imagen pública puede avanzar más rápido que el expediente judicial.