Cuando la Corte Suprema dice la última palabra sobre un impuesto, la discusión de fondo se termina. Lo que queda abierto es otra cosa: cuánto se cobra, en cuánto tiempo y con qué efecto real. El fallo que avaló el impuesto mínimo a los cigarrillos es definitivo, y la deuda que arrastra Tabacalera Sarandí, con diferencias tributarias de varios años, se mide en US$1500 millones.

Esa cifra no es abstracta. Son recursos que el Estado financia con lo que recauda: salud, programas sociales, lo que cualquiera usa sin pensar de dónde sale. Cada año que un reclamo tributario queda frenado en tribunales es un año en que ese dinero no llega, y el costo lo absorbe el resto de los contribuyentes, los que pagan al día porque no les queda otra.

Ahí aparece lo que todos ven y pocos dicen: litigar es una estrategia financiera. Una empresa grande puede sostener un conflicto durante años, y mientras tanto la deuda se discute en vez de pagarse. El impuesto mínimo existe justamente para que ciertos productos no escapen por debajo de un piso, y el fallo confirma que ese piso rige. La Justicia, además, investiga la presunta evasión, un capítulo aparte que todavía no tiene resolución y que no corresponde dar por probado.

El problema es común a muchos países y tiene un correlato cotidiano: la distancia entre lo que la ley manda cobrar y lo que efectivamente se cobra. En el mundo, los Estados con administraciones tributarias ágiles y procesos judiciales más cortos recuperan más y antes. En la Argentina, esa demora pesa tanto como cualquier alícuota.

La conclusión que queda como referencia es simple: un impuesto vale lo que tarda en cobrarse. Un fallo definitivo es el comienzo del cobro, no el final de la historia.