Una autógrafa sin las firmas correspondientes puede frenar la promulgación de la norma y abrir una discusión sobre su validez formal. El reclamo pone en evidencia una disputa interna entre las dos cámaras sobre cómo se interpreta el alcance de la ley de facultades. Si el procedimiento no se corrige, cualquier acto que se apoye en esa norma queda expuesto a cuestionamientos jurídicos.