La atribución de la diligencia pone en el centro de la causa a la conducción de la investigación, en un expediente que ya tiene una fuerte carga pública en Guatemala. Quién ordena y ejecuta cada paso determina qué pruebas se conservan y cómo pueden usarse después en un juicio. La precisión sobre la función de cada institución deja expuesto el reparto de responsabilidades entre el Ministerio Público, la judicatura y la policía.