La orden de captura internacional convierte una causa por amenazas en un caso con alcance transnacional, porque la sospechosa reside fuera del país. Que la acusada esté ligada a un femicidio donde la víctima de las amenazas fue querellante vuelve el expediente más delicado. La justicia argentina depende ahora de la cooperación con Colombia para concretar la detención. Mientras tanto, la abogada queda en el centro de una disputa que excede a su estudio.