Una fuga de ocho personas desde una comisaría pone en evidencia la distancia entre la custodia que se declara y la que realmente funciona en ese tipo de centros. Mientras los prófugos siguen sin ser ubicados, la comunidad de la zona convive con la incertidumbre sobre quiénes son y dónde están. El caso obliga a revisar cuántas personas sin condena firme pueden salir de un lugar que debería retenerlas.