El programa convierte en política pública un problema que hasta ahora dependía de organizaciones y donaciones: la alimentación de animales de familias de bajos ingresos. Con 22 puntos y un presupuesto fijo, la medida tendrá que demostrar cuántos hogares llega y cuánto tiempo puede sostenerse sin nuevos fondos. Si funciona, el modelo puede replicarse en otras ciudades; si se queda sin financiamiento, la dependencia de los vecinos volverá a aparecer. Lo que está en juego es si una ciudad puede hacerse cargo de las mascotas de quienes no pueden pagarlas.