La medida deja sin trabajo a quienes operan los coches tirados por caballos y cambia una postal que forma parte de la identidad del parque. El conflicto se judicializa en un terreno donde se cruzan la regulación urbana, el bienestar animal y las fuentes de ingreso de los trabajadores. Lo que decida la justicia federal puede definir si las ciudades pueden avanzar con prohibiciones de este tipo.