Una víctima de violencia que cambia de casa puede quedar expuesta si su dirección aparece en registros públicos, y estas leyes buscan cerrar esa puerta. Las multas a los alojamientos obligan al sector hotelero a convertirse en un punto de detección de la trata. Lo que se pone en juego es la posibilidad de que quien escapa de un agresor no tenga que volver a esconderse.