Si la propuesta avanza, los productos de consumo diario que hoy contienen microplásticos tendrían que cambiar sus fórmulas o salir del mercado estatal en tres años. Fabricantes, vendedores y plataformas digitales quedarían obligados a responder por lo que venden, lo que alcanza a cualquier persona que compre estos artículos. La definición de qué productos entran en la lista y qué control tendrá cada obligación marcará cuánto cambia realmente el consumo.