Una acusación de este tipo, formulada por un jefe de Estado contra su par colombiano, instala el tema en la agenda bilateral entre dos países que comparten frontera y una cadena de rutas del tráfico de cocaína. La falta de pruebas públicas deja el reclamo en el terreno político, donde cualquier respuesta de Bogotá se convierte en un nuevo capítulo de la tensión regional. Lo que se pone en juego es la cooperación en seguridad entre los dos gobiernos, justo cuando más se necesita coordinar. Las palabras de un presidente pesan tanto como las causas que invoca.