La salud mental en el sistema público depende de reglas que cambian con cada reforma, y quienes pagan las consecuencias son pacientes, familias y equipos de salud. Según la provincia, la modificación aprobada en el Senado complica la atención y reduce la capacidad de respuesta en el territorio. En juego están los tratamientos ambulatorios, las internaciones y la responsabilidad de cada jurisdicción para sostenerlos. El conflicto deja en evidencia que una ley nacional se aplica en 24 realidades distintas.