La ley AB 32 se volvió el modelo de referencia para otros estados y países que buscan bajar emisiones sin frenar la economía. Lo que está en juego es si una transición ordenada puede sostenerse cuando cambian los gobiernos, los precios de la energía y el apoyo de la población. Para California, el desafío es que cada meta cumplida trae nuevas exigencias sobre industrias, transporte y empleo. La transición ya no es un anuncio: es una cuenta que hay que pagar cada año.