El basural funciona fuera de la orden judicial desde 2023, y eso deja a las napas de agua de la zona expuestas a los lixiviados sin que haya un plan de cierre en marcha. Cada día sin cumplimiento suma $100.000 en multas, un costo que termina pagando el municipio y, por extensión, los vecinos. El segundo basural clandestino en un barrio residencial muestra que el problema no se limita a un único predio. Lo que está en juego es si una resolución de la Justicia puede hacerse efectiva cuando la autoridad responsable es la misma que debe cumplirla.