Cuando una persona con discapacidad llega a un cargo judicial, el sistema queda en evidencia: expedientes en formato visual, audiencias sin accesibilidad y procedimientos que dependen de leer en papel. Cada tribunal que se adapta reduce la distancia entre tener derecho a juzgar y poder hacerlo. La justicia que no se puede leer es una justicia que excluye antes de decidir nada.