Una calificación que se mantiene evita que Francia pague más caro para financiarse en los mercados internacionales, algo que afecta el costo de cada bono emitido por el Estado. La decisión pone en juego la credibilidad fiscal del gobierno francés frente a inversores que siguen de cerca su nivel de endeudamiento. Para el resto de Europa, el resultado sirve como referencia sobre cuánto margen tienen las grandes economías de la región.