Si el PP avanza con cambios en su posición sobre el aborto, el tema pasaría de ser un consenso legislativo a un punto de confrontación directa entre partidos. La regulación vigente afecta el acceso a servicios de salud en todo el país, por lo que cualquier modificación tendría consecuencias prácticas para las mujeres y para los sistemas sanitarios regionales. El debate ya no es teórico: lo que se decida definirá qué derechos se consolidan o se revisan.