Las minutas muestran que, antes de decidir, el Gobierno evaluó qué podía pasar si se modificaba el criterio para reducir penas en casos de lesa humanidad y abuso sexual infantil. Ese análisis previo queda ahora como registro de los costos legales que se consideraron. Quienes siguen procesos por crímenes de la dictadura o por abusos a chicos dependen de que esas consideraciones se traduzcan en decisiones claras y verificables. El debate se mueve de la intención política a la prueba documental de qué se sabía y qué se midió.