La fecha elegida recuerda que la restricción vigente desde 2020 sigue en pie y que el reclamo no se resolvió con el cambio de gobierno. Las mujeres polacas que necesitan interrumpir un embarazo deben recurrir al extranjero o a canales clandestinos, lo que expone a riesgos de salud y a consecuencias penales. La presión en la calle pone a prueba si el debate parlamentario logra avanzar sobre una ley que lleva años estancada.