La ley Malvinas, sancionada por el Congreso argentino, fija obligaciones para empresas que exploran o explotan recursos en el Atlántico Sur, y el Gobierno norteamericano ya advirtió que puede afectar sus inversiones. Por eso el encuentro pone sobre la mesa una pregunta concreta: qué costo tendrá para las compañías de EE.UU. operar en la región disputada. Si la diferencia no se resuelve en la mesa de negociación, las petroleras y mineras del sector quedarán atrapadas entre dos jurisdicciones que se contradicen.