Si la ley prospera, las empresas que operan en las islas podrían recibir sanciones argentinas, lo que tensiona la relación con compañías estadounidenses. Demorarla deja sin efecto inmediato un reclamo histórico sobre la soberanía en el Atlántico Sur. El avance o el freno de la norma define cuánto margen tendrá el país para sostener su posición frente a Londres y a Washington.