Las sanciones sobre empresas petroleras que operan alrededor de las islas tocan uno de los frentes más sensibles de la relación con Estados Unidos y con el Reino Unido, que disputa la soberanía con la Argentina. Que Washington haya pedido cambios en el texto muestra que el diseño de la norma tiene consecuencias más allá del Congreso. Cualquier ajuste al alcance de las sanciones redefine quién paga el costo comercial de la medida y cuánto margen queda para la inversión energética en la zona.