Cuando el máximo referente del Ejecutivo usa una imagen de quema de periodistas y el Gobierno decide no retractarse, el mensaje que queda instalado es que el lenguaje de agresión contra la prensa no tiene costo institucional. Quienes trabajan informando sobre el poder son los que sienten ese efecto en primer lugar, en amenazas y hostigamiento que luego llegan a sus casas y a sus redes. Lo que se discute no es solo una palabra sino qué margen se le da a la violencia simbólica en la conversación pública.