Los contratos cubiertos por secreto militar no se publican en los registros habituales de compras del Estado, así que quedan fuera del escrutinio de la prensa, del Congreso y de los organismos de control. Cuando una decisión de gasto deja de ser visible, la discusión sobre quién compra, cuánto paga y para qué se vuelve mucho más difícil de dar. La reserva puede justificarse en la seguridad, pero también concentra poder en pocas manos y deja a la sociedad sin herramientas para evaluar la decisión.