Cuando el Presidente anuncia que va a acelerar, el ritmo de las reformas pasa a depender de la respuesta del Congreso y de los gobernadores, que son quienes votan y ejecutan lo que se decide. Lo que se pone en juego es si las medidas llegan a tiempo para los salarios y el consumo de los próximos meses, o si la espera se vuelve el costo que pagan los de siempre. Una promesa de velocidad sin fechas es, hasta ahora, solo una señal hacia los mercados y los votantes.