Los cuestionamientos de Washington sobre empresas estadounidenses ponen en juego la relación comercial con la potencia del norte mientras la iniciativa acumula demoras en el Congreso. Si el proyecto avanza, las compañías afectadas tendrán que definir su posición frente a una norma que todavía no tiene fecha de tratamiento. La discusión sobre el cronograma legislativo deja en evidencia que el debate de fondo no está cerrado.