El sobreseimiento cierra, por ahora, la posibilidad de que el Presidente sea juzgado por este caso, que tenía como eje la promoción de un criptoactivo que se derrumbó poco después de su lanzamiento. Quedan abiertas otras líneas de la investigación y pedidos de las partes que podrían sostener la discusión. Para los inversores que perdieron dinero, la resolución define hasta dónde llega la responsabilidad de quienes difundieron el activo. Lo que se decida en las instancias siguientes marcará si la figura de un funcionario en ejercicio puede quedar fuera de este tipo de procesos.