Las acciones judiciales contra la prensa, cuando las inicia el poder político, pueden tener efectos más allá del caso puntual: encarecen la crítica, obligan a los medios a gastar en abogados y generan una señal sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado frente a las coberturas incómodas. Del otro lado, quienes tienen un fallo en contra suelen recordar que la libertad de prensa también se defiende con tribunales. Lo que se decida en los próximos meses marcará el margen de la discusión pública para todos los periodistas del país.