El caso combina una privación de la libertad dentro del propio núcleo familiar con un antecedente de difusión de un tratamiento sin respaldo científico en medios masivos. Las imputaciones apuntan a que la familia quedó sin libertad de movimiento, y es el tipo de situación en la que la intervención judicial suele llegar tarde. Muestra también cómo la exposición mediática de una persona con títulos profesionales puede darle una autoridad que después se usa de otras formas.