La discusión ya no es solo si el ingreso fue legal, sino cuánto participó el Estado en una operación que involucra a un ex presidente extranjero y a un proceso judicial en su país. Cuando un funcionario reconoce colaboración y el organismo migratorio defiende la legalidad, se abre una distancia que la política tendrá que explicar. Para la relación bilateral con Brasil, cada dato que se confirme pesa tanto como la versión oficial. El caso deja claro que la frontera también es un terreno de decisiones políticas.