Cuando el Estado central envía a sus jefes de Seguridad directamente a una provincia, reconoce que la conducción local no alcanza para contener la violencia y que el control pasa a Ciudad de México. Para los habitantes de Sinaloa, eso puede significar más presencia armada en las calles y cambios en quién decide sobre sus barrios. La consecuencia inmediata es que una disputa territorial se vuelve un asunto de gobierno federal.