El índice mide cuánto se cumplen las leyes, la justicia civil y penal, los límites al poder y la seguridad, y un retroceso sostenido en cinco años muestra que el problema no es coyuntural. Para inversores, organismos internacionales y ciudadanos, el dato pesa en decisiones sobre comercio, cooperación y confianza en las instituciones. Lo que se pone en juego es la previsibilidad con la que el país se relaciona con el resto del mundo.