Una multa de US$25.000 millones cambia la escala de la conversación. Hasta ahora, las sanciones a las grandes plataformas se medían como un costo más de hacer negocios, algo que se absorbe y se sigue adelante. Una cifra de este tamaño obliga a leerlas de otro modo: lo que se discute es si engañar al usuario deja de ser rentable.

Meta anunció que apelará y planteó que la decisión equivale a un impuesto a la libertad de expresión. Es un argumento que conviene mirar con cuidado, porque mezcla dos cosas distintas. Una es qué se puede decir en una red. La otra es qué le promete una empresa a quien se registra y si cumple. El fallo, tal como se informó, se refiere a lo segundo: a prácticas de engaño a los usuarios, no a lo que ellos publican. La apelación tiene que probar que son la misma cosa.

Para quien usa Facebook o Instagram en la Argentina, nada cambia mañana. Mientras la apelación avanza, las reglas sobre qué datos se recolectan y cómo se muestran siguen siendo las que define la propia compañía. Esa es la verdadera asimetría: el usuario acepta condiciones que no negocia ni puede auditar, y recién se entera de lo que significaban cuando alguien con poder de sanción lo pone sobre la mesa.

Los estudios académicos sobre moderación de contenidos y libertad de expresión, como los que hoy producen universidades argentinas, vienen marcando una frontera útil: la libertad de expresión protege lo que una persona dice, no el derecho de una empresa a decirle algo falso a quien le confía sus datos. Son planos que pueden convivir sin que uno anule al otro.

Queda una regla simple para recordar: cuando un servicio es gratis, lo que se paga es información, y esa transacción solo es legítima si se hace a la luz. Este fallo, gane o pierda en la apelación, ya fijó el precio de que no lo sea.