El plazo vencido deja en suspenso una obligación judicial con un político que acaba de perder una elección nacional. Si la salida se confirma, el caso pasa de un trámite pendiente a una discusión sobre el cumplimiento de órdenes de la justicia por parte de figuras de primer nivel. Lo que está en juego es si las reglas se aplican igual a quien pierde el poder y a quien lo tenía.