Que Washington restrinja la visa a quienes encabezaron el Ministerio Público boliviano significa que la sospecha de corrupción ya llegó a la cúspide de la institución encargada de investigarla. La medida no es una condena, pero sí un antecedente que puede afectar la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico. Lo que queda en juego es quién controla la justicia en un país donde las investigaciones dependen de quienes las conducen.