El caso pone a prueba los controles migratorios en la triple frontera y obliga a la Justicia Federal a determinar si hubo una excepción indebida o una falla de los organismos que debían impedir el ingreso. Si se confirma que alguien permitió el paso de una persona con restricciones judiciales, la discusión se traslada del episodio puntual a quién responde por el control de la frontera.