Una queja disciplinaria contra un alcalde de una ciudad como Medellín pone en juego los mecanismos de control sobre el poder local y la protección de la población vulnerable que la denunciante dice afectada. El caso también deja expuesta la tensión entre la fiscalización política y la forma en que se exhiben menores durante las protestas. Lo que se decida en estas instancias define cuánto puede avanzar una investigación cuando las partes se cruzan en público.