El conjunto suma 408 viviendas que llevan décadas deterioradas, y la autorización llega después de tres décadas de denuncias sin respuesta concreta. Mientras el trámite final no se cierre, las familias quedan atrapadas entre la promesa de cambio y la vida diaria en edificios que se caen a pedazos. Cuando una ciudad deja que un barrio se degrade durante treinta años, el costo no lo paga el papel sino quienes siguen viviendo ahí cada día.